Salta, Sábado 26 de Noviembre de 2022

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Fecha: 2022-11-23 12:40:03


Poder Judicial Informa


informe

Títulos:

 

Once años de prisión por abusar de su prima menor de edad

 

Tartagal: ocho años a la cárcel por lesionar a su pareja con un martillo

 

Tartagal: lo coaccionó dos veces por mensajes de whatsapp y luego disparó contra la casa de sus padres

 

Intentó hurtar en comercios céntricos, la detuvieron y fue condenada

 

Orán: una familia vendía drogas y cumplirá cuatro años en la cárcel

 

Por amenazar a sus padres fue condenado y deberá tratar su adicción al alcohol

 

Declaran los últimos testigos en un juicio por homicidio culposo en siniestro vial

 

Metán: le pegó a su expareja

 

Tartagal: condenado por robo y daños

 

Orán: era menor y le robó a una maestra jardinera en Pichanal

 

Reincidió por octava vez y cumplirá pena de prisión efectiva

 

Orán: un año y medio a la cárcel por robo y violencia de género contra su expareja

 

Un juicio para sincerar la verdad biológica de un menor

 

La prisión perpetua no viola la Constitución Nacional ni los Tratados Internacionales

 

La Corte de Justicia hizo lugar a una acción de amparo

 

Aplican intereses desde el momento del hecho y modifican el monto de la condena

 

Desarrollo:

 

Once años de prisión por abusar de su prima menor de edad

 

Un sujeto de 25 años fue condenado a once años de prisión por resultar autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia y corrupción de menores, en concurso real.

La jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, dispuso la prisión preventiva del condenado D. A. F. CH. y ordenó su inmediata detención y posterior traslado a la Unidad Carcelaria local, donde deberá permanecer detenido a disposición del tribunal.

La jueza dispuso además, atento a la naturaleza de los hechos por los que resultó condenado, que el imputado reciba tratamiento psicológico. Además, ordenó que al imputado se le extraigan muestras de ADN para su  incorporación en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual y en el Banco de Datos Genéticos Provincial.

El acusado D. A. F. CH. fue denunciado por la madre de la menor damnificada. La niña es prima del imputado. Los abusos salieron a la luz cuando una tía de la menor observó comportamientos extraños en ella y alertó a su madre. Al ser interrogada, la nena contó lo que le había hecho su primo. La víctima fue examinada luego por un médico debido a dolores en sus partes íntimas y en el estómago.

 

Nota: Se omitió el nombre completo de las personas involucradas para preservar la identidad de la menor y su derecho a la intimidad y confidencialidad, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, Ley 23849) y las Leyes 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 26522 de Servicio de Comunicación Audiovisual.

 

Tartagal: ocho años a la cárcel por lesionar a su pareja con un martillo

 

El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, Reinaldo Burgos, condenó a José Antonio Vallejos (48) a la pena de ocho años de prisión de ejecución efectiva por ser autor del delito de lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y por la violencia de género y en contexto de violencia de género.

Al finalizar el juicio Vallejos fue trasladado hacia la cárcel de Tartagal.

El 20 de junio del año pasado la víctima se encontró con el acusado en el Paraje Lapacho I. Allí discutieron y cuando ella intentó irse y dar por finalizada la relación, el hombre  tomó un martillo y le dio golpes en la cabeza.

Cuando llegó la policía, encontró a Vallejos a un lado de la víctima y pudo secuestrar el martillo con el que la atacó.

 

Tartagal: lo coaccionó dos veces por mensajes de whatsapp y luego disparó contra la casa de sus padres

 

La jueza Sandra Mabel Sánchez, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, condenó en juicio abreviado a René Javier Sandoval (34) a la pena de tres años de prisión condicional por ser autor del delito de coacción agravada (tres hechos) en concurso real.

Por el término de dos años deberá fijar domicilio legal y someterse al control de un patronato. Además deberá abstenerse de mantener contacto por cualquier medio con la víctima y su familia. No podrá realizar actos de violencia física o psíquica ni acercarse a una distancia menor de doscientos metros.

La pena fue impuesta por la jueza luego del acuerdo al que arribaron la fiscalía y la defensa. Al momento de la audiencia, el acusado reconoció haber cometido el hecho por el que había sido imputado. Cuando terminó la audiencia recuperó su libertad.

El 30 de septiembre de 2020, Sandoval envió mensajes por whatsapp amenazando al denunciante para que le devuelva un dinero que le había prestado, haciéndole saber que conocía a toda su familia y enviando también fotografías del domicilio.

Tres días después volvió a mandarle mensajes diciendo “quiero mi plata o te va a salir caro”. Finalmente, el 5 de octubre Sandoval disparó contra la vivienda de los padres del hombre.

 

Intentó hurtar en comercios céntricos, la detuvieron y fue condenada

 

Una mujer de 62 años fue condenada en juicio abreviado a dos meses de prisión de ejecución condicional por resultar autora del delito de hurto en grado de tentativa (dos hechos), en concurso real.

La jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, le dictó a la imputada reglas de conducta que deberá cumplir durante dos años: fijar residencia y mantenerla actualizada; abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; no cometer nuevo delito.

La mujer fue demorada por personal policial en marzo de este año, luego de sustraer una billetera, una caja con anillos y un acondicionador para el cabello de locales comerciales del centro de la ciudad.

 

Orán: una familia vendía drogas y cumplirá cuatro años en la cárcel

 

El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Aldo Primucci, en juicio abreviado condenó a los cuatro integrantes de una familia por ser coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Nora del Valle Olea (47), su hija a Eliana Romina Gutiérrez (28), su hijo Nicolás Domingo Gutiérrez (23) y la pareja de éste, Laura Rocío Mancilla (25), cumplirán la pena de cuatro años de prisión efectiva y pago de la multa.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima, luego de la cual pudo determinarse que Olea, sus dos hijos y su nuera se dedicaban a la venta de drogas desde su domicilio, ubicado en el barrio San Ramón.

Olea y su hijo fueron declarados reincidentes. En el fallo, el juez ordenó con respecto a la mujer, que una vez firme la sentencia se envíe la misma al Juzgado de Ejecución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy a los fines de la unificación de penas.

 

Por amenazar a sus padres fue condenado y deberá tratar su adicción al alcohol

 

A seis meses de prisión resultó condenado un hombre de 33 años por resultar autor de los delitos de amenazas (dos hechos) y desobediencia judicial, en concurso real.

El juez interino Ángel Amadeo Longarte ordenó la libertad del imputado por la modalidad de la condena dictada y le fijó una serie de obligaciones que deberá cumplir durante dos años para conservar la prisión en suspenso. Así, el sujeto deberá abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; tendrá prohibido acercarse a una distancia menor de cuatrocientos metros del damnificado y su grupo familiar, de su domicilio y lugares que frecuenten; abstenerse de ejercer actos de violencia física o psicológica en contra del denunciante y su grupo familiar; no establecer contacto con el damnificado y su grupo familiar, por cualquier medio; realizar tratamiento por su adicción al alcohol previo diagnóstico de un profesional sobre su necesidad y eficacia, entre otras obligaciones.

El imputado fue denunciado por su padre por dos hechos ocurridos en octubre de este año. El sujeto se presentó en el domicilio de sus padres, alcoholizado, y los amenazó de muerte. Los damnificados llamaron a la policía y solicitaron la exclusión del hogar. Días después, el imputado regresó a la casa pese a la prohibición de acercamiento y volvió a insultarlos y los amenazó con incendiar la casa.

 

Declaran los últimos testigos en un juicio por homicidio culposo en siniestro vial

 

En la Sala VI del Tribunal de Juicio se desarrollan las últimas instancias de la audiencia de debate seguida contra Carlos Dante Armella por el delito de homicidio culposo en siniestro vial. El imputado es chofer de colectivos y está siendo juzgado por un hecho ocurrido en octubre de 2018.

Hoy continuó la recepción de pruebas testimoniales. Mañana declararía el último testigo y, a continuación, se producirían los alegatos.

El juicio es presidido por el juez Guillermo Pereyra. Por el Ministerio Público interviene la fiscal Verónica Simesen de Bielke.

El siniestro ocurrió en octubre de 2018 sobre calle Ituzaingó, entre Alvarado y Urquiza. El imputado conducía un colectivo del corredor 3 B cuando embistió a un peatón que había bajado el cordón de la vereda. El damnificado resultó lesionado y falleció días después en el hospital.

 

Metán: le pegó a su expareja

 

El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, condenó a Adrián Ernesto Cisnero, de 32 años, por ser autor del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, la situación de convivencia y el género. Cumplirá la pena de nueve meses de prisión de ejecución condicional.

El hombre tendrá prohibido ejercer cualquier tipo de violencia contra la víctima, y no podrá ingerir bebidas alcohólicas. Finalmente se le impuso la obligación de realizar tratamiento psicológico. En caso de incumplir alguna de estas reglas de conducta podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de cumplimiento de la pena, que sería efectiva.

El 25 de abril del año pasado Cisnero fue denunciado por su pareja, con quien estaba separado hacía ya dos años. Tienen en común una hija, que está bajo el cuidado del acusado.

La mujer contó que esa noche, cerca de las 22, se presentó en el domicilio de Cisnero para ver a su hija, y empezaron a tomar cerveza. Pasadas las 2 de la mañana, sin motivo alguno, él comenzó a  insultarla y luego le pegó. Ella salió de la casa y dio aviso a la policía.

 

Tartagal: condenado por robo y daños

 

Ricardo Hugo Martoccia juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal condenó a Juan Nicolás Zarate (25) a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor responsable del delito de robo y daños en concurso real.

Durante dos años deberá fijar domicilio y someterse al control de un patronato. No podrá usar estupefacientes o abusar de la ingesta de bebidas alcohólicas. Además tendrá prohibido acercarse a la víctima o sus familiares dentro de un radio de doscientos metros y no podrá comunicarse con ella por ningún medio.

El 29 de marzo de 2020 interceptó a una joven en el barrio Mataderos de Salvador Mazza. Le sustrajo el celular, pero en ese momento los vecinos la ayudaron y lograron retenerlo hasta que llegó la policía.

 

Orán: era menor y le robó a una maestra jardinera en Pichanal

 

Era temprano a la mañana del 17 de diciembre del año pasado. Una maestra jardinera entraba a la escuela en la localidad de Pichanal cuando la interceptó un joven de 17 años. Él, amenazándola con un arma blanca le sustrajo el celular.

El vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio y juez de Menores 1 de Orán, Raúl Fernando López, condenó al joven, que ya tiene 18 años, por ser autor del delito de robo agravado por el uso de arma. Por ello le impuso la pena de pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Durante dos años no deberá cometer nuevos delitos, no consumirá drogas y no se contactará con la víctima. Además deberá presentarse al Tribunal cada tres meses, y finalmente se le impuso la obligación de buscar un trabajo para ayudar a su familia.

Todo ello bajo el apercibimiento de revocación del beneficio en caso de incumplimiento injustificado.

 

Reincidió por octava vez y cumplirá pena de prisión efectiva

 

Por el delito de tentativa de hurto simple, un hombre de 28 años fue condenado en juicio abreviado a la pena de dos meses de prisión efectiva. Fue declarado reincidente por octava vez.

El juez Marcelo Rubio, vocal interino de la Sala IV del Tribunal de Juicio, ordenó el traslado del condenado a la Unidad Carcelaria 1.

El sujeto fue retenido por vecinos de Villa Palacios luego de que lo sorprendieran sustrayendo diferentes elementos de un automóvil estacionado en el sector de las cocheras. Al acusado se le secuestraron un gato mecánico, herramientas, anteojos de sol, entre otros objetos.

 

Orán: un año y medio a la cárcel por robo y violencia de género contra su expareja

 

Elio Isaac Tomas tiene 21 años, y fue condenado por dos causas acumuladas en las que estaba acusado.

En julio de 2019, violentó un auto que estaba estacionado en la vía pública, y desde su interior sustrajo dinero en efectivo, tanto pesos como dólares, que estaban guardados en la guantera. Además se llevó una computadora, dos capturadoras y un trípode.

En febrero de este año fue denunciado por la madre de su pareja, que al momento del hecho tenía 17 años. En distintas oportunidades incumplió las medidas restrictivas que se habían dictado en su contra, y hostigó a la víctima, persiguiéndola y concurriendo al domicilio. En una oportunidad incluso la agredió físicamente.

El juez Edgardo Laurenci, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, le impuso la pena de un año y seis meses de prisión efectiva, por ser autor material y penalmente responsable del delito de robo simple, lesiones leves agravadas por ser cometidas en el contexto de violencia de género y desobediencia judicial reiterada (dos hechos) todos en concurso real.

En el mismo fallo ordenó que una vez firme la sentencia se realice el examen genético del condenado y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos.

 

Un juicio para sincerar la verdad biológica de un menor

 

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial rechazó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que rechazó un planteo de caducidad de la acción e hizo lugar a una demanda ordenando el desplazamiento de la filiación de un menor respecto de W.P.A. y su emplazamiento, en el estado de hijo de J.C.T..

La causa llegó a la Sala Segunda que integran el juez Alejandro Lávaque y la jueza Verónica Gómez Naar por la apelación de A.C.T. cuestionando el acta poder de la madre para litigar en representación de su hijo y señalando que la acción de impugnación de paternidad no fue iniciada entonces por el menor por lo que entonces la vía se encontraba caduca.

La sentencia de primera instancia a su vez reconoció la legitimación del menor para demandar e hizo lugar a acción en base a la prueba genética que determinó una compatibilidad del 99,99 por ciento en la existencia de un vínculo de paternidad entre J.C.T. con el menor, a la vez que excluyó la del niño con W.P.A..

Justamente cuando la causa inició se dejó constancia que la madre comparecía en representación de su hijo menor de edad.

La jueza y el juez de la Cámara de Apelaciones coincidieron en ratificar la continuidad del juicio “en tanto busca sincerar la verdad biológica del menor -determinada con precisión mediante la prueba genética de tipificación de ADN- con su identificación civil o ciudadana.”

Esto, dijeron, “se adecúa al interés superior del niño y garantiza el derecho a la identidad (artículos 3, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño), los que se encuentran en un orden superior a cualquier cuestionamiento formal. En tal sentido, admitir la crítica deducida por el recurrente implicaría un exceso ritual incompatible con los derechos indicados y con los principios que orientan el proceso de familia”.

La demanda, en consecuencia, “es temporánea en tanto ha sido deducida por el menor, quien no tenía plazo para hacer valer sus derechos. En consecuencia, el rechazo de la caducidad deviene ineludible y el agravio improcedente”, dijeron.

 

La prisión perpetua no viola la Constitución Nacional ni los Tratados Internacionales

 

La Sala III del Tribunal de Impugnación no hizo lugar a los recursos de casación planteados por las defensas de Germán Agustín Gómez y Brian Antonio Yurquina contra la sentencia de la Sala VII del Tribunal de Juicio que les impuso la pena de prisión perpetua por resultar coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado criminis causa y con ensañamiento y alevosía en perjuicio de Sergio Orlando Llanes (38).

Los jueces del Tribunal de Juicio Sala VII concluyeron para dictar la sentencia que se probó la configuración del agravante de homicidio criminis causa, dado que se acreditó la conexión ideológica entre el resultado muerte y el propósito de sustraerles los bienes a la víctima. También, el calificante de ensañamiento tras generarle un sufrimiento innecesario a Llanes, quien por el método utilizado padeció largos minutos hasta su fallecimiento; y la alevosía, en virtud del ataque traicionero realizado entre los dos sujetos, aprovechándose de la confianza y la amistad que tenían con el damnificado, cometiendo el hecho en su domicilio, superándolo en número, colocando la música a alto volumen para que los vecinos no lo escucharan y no pudieran socorrerlo. Concluyó el tribunal que correspondía aplicar la pena de prisión perpetua para ambos imputados.

Los jueces Pablo Mariño y Rubén Eduardo Arias Nallar advirtieron que en la fundamentación de la sentencia cuestionada “no se avizora la presencia de vicios, falencias o errores notorios y manifiestos en la formación de la convicción de los magistrados, tampoco que el razonamiento sea insostenible, irregular, carente de fundamentos suficientes para sustentar las conclusiones arribadas, o que fuere un capricho (arbitrariedad). Por el contrario, de los fundamentos de sentencia que aquí se analizan, puede apreciarse que se han explicado satisfactoriamente cómo interpretaron las pruebas producidas, para descartar la hipótesis esgrimida por los recurrentes, de manera que llegaron a convencerse y lograr convencer con la versión expuesta de los hechos y su respectiva tipificación jurídica.”

“El Tribunal de Juicio entendió adecuadamente que por el modo en que se produjo el hecho, ambos sujetos buscaron terminar con la vida de Llanes estrangulando en primer lugar, con un cinto que se rompió y luego lo reemplazaron con un cable, preparado con un sistema de torniquete, que permitía graduar la presión, asfixiándolo con éste y con el colchón, en un padecimiento que duró entre 5 y 10 minutos para la víctima, denotando un exceso de crueldad, y evidenciando un fin subjetivo específico, orientado a la producción de sufrimiento innecesario y prolongado, adicional a la finalidad de matar”, apuntaron los jueces del Tribunal de Impugnación.

Y respecto de la pena aplicada en el caso citaron que, “la imposición de la prisión perpetua no importa la violación de la Constitución Nacional y ninguno de los Tratados Internacionales, mientras se respete la integridad física y espiritual de la persona, no encontrando justificación alguna su invocación para declarar su inconstitucionalidad, conforme lo ha decidido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia Nacional”.

 

La Corte de Justicia hizo lugar a una acción de amparo

 

La Corte de Justicia hizo lugar a un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia que rechazó una acción de amparo revocándola y haciendo lugar a lo solicitado ordenando al Instituto Provincial de Salud de Salta que el reconocimiento de las prestaciones de maestra integradora (4 horas diarias de lunes a viernes) y de transporte especial lo sea a valores del nomenclador nacional.

En el caso no se ha cuestionado la existencia de la discapacidad del niño consistente en “alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte. autismo en la niñez”, según surge del certificado acompañado.

La Obra Social, con posterioridad a la interposición del recurso de amparo otorgó en sede administrativa la cobertura prestacional de módulo de apoyo a la integración y transporte especial, por el período marzo a diciembre de 2022, por vía de reintegro y a valores referenciales IPS.

Los jueces de la Corte de Justicia puntualizaron que “resulta inoficioso expedirse acerca de la procedencia de las prestaciones requeridas, atento a que ellas fueron reconocidas ya en sede administrativa por el accionado. Sin perjuicio de ello, subsiste el interés del apelante en lo referido al valor de esas prestaciones, atento a que fueron otorgadas a valor referencial IPS y no conforme al nomenclador nacional como fuera peticionado.”

En primera instancia el planteo había sido rechazado por la falta de requerimiento, en sede administrativa, de las prestaciones demandadas lo que impedía  tener por configurada la existencia de una negativa arbitraria.

Con el horizonte del “mejor interés del menor”, la Corte de Justicia reiteró que “la cobertura de las terapias que requieran los médicos tratantes de personas con discapacidad debe ser ‘integral’ y por lo tanto comprensiva del 100 por ciento de las prestaciones, y que aquélla no está limitada al nomenclador provincial, siendo aplicable el nomenclador nacional, por cuanto no resulta ajeno a la jurisdicción local”.

Y agregó que “si bien la legislación provincial habilita la conformación de un nomenclador especial que el IPS puede disponer con sus prestadores, su aplicación no debe ocasionar detrimento a la cobertura integral de la salud de los afiliados; ello, sin perjuicio de los derechos que, en orden al nomenclador pactado con sus efectores y a las condiciones establecidas convencionalmente, pueda tener la obra social frente a éstos. Es decir, tal prerrogativa no puede traducirse en un óbice para que sus beneficiarios accedan a una prestación que resulte más adecuada dentro de las enunciadas y previstas por el específico ordenamiento tutelar, y dentro de un marco de razonabilidad, como el que aquí se analiza.”

 

Aplican intereses desde el momento del hecho y modifican el monto de la condena

 

La Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo rechazó la apelación de una ART e hizo lugar parcialmente al recurso de la víctima de un accidente laboral modificando el monto de la condena dispuesta en la sentencia de primera instancia estableciendo en la suma de 538.637,08 pesos al 30 de junio pasado más los intereses hasta su efectivo pago.

Los jueces Sergio Osvaldo Petersen y Ricardo Pedro Lucatti concluyeron que “los intereses sobre las prestaciones cuya procedencia se determinó en el fallo deben computarse desde el 11/01/2014 (fecha del accidente), ello, sin perjuicio que la actora no hubiera especificado en su demanda que así deben ser estimados, bastando, a los fines de su procedencia, que hubiera solicitado la aplicación de intereses.”

El accidente en cuestión fue en el trayecto al trabajo producto de lo cual las aseguradoras le pagaron la suma de 115.469 pesos. En primera instancia se condenó a la ART a pagar la suma de 358.585,64 pesos.

Los jueces ratificaron el criterio de la Sala respecto del cómputo de los intereses en aquellos accidentes ocurridos luego de la entrada en vigencia de la ley 26773/12, concluyendo que “su cálculo debe efectuarse desde la fecha de acaecimiento del evento dañoso, tal como lo dispone la norma.”

 

 

Fuente: ecos de mis cerros